El gobierno no está exento de rendir cuentas. El caso del Cablebús puede ser visto como una oportunidad para transparentar los beneficios de un gran proyecto.
Hasta mediados de julio, diversos documentos no podían consultarse públicamente en su totalidad y algunos habían sido reservados parcialmente debido a una auditoría en curso. Esa opacidad debe corregirse.
Por Postea - La administración estatal debe publicar los estudios, publicar sus contenidos y explicar con precisión las condiciones financieras y ambientales de la obra.
Pero una exigencia legítima de transparencia no debe confundirse con una campaña política para destruir anticipadamente el proyecto.
Tampoco puede ignorarse la contradicción de quienes hoy exigen una pulcritud absoluta mientras evitan explicar los expedientes que marcaron sus propias gestiones.
La hipocresía política consiste precisamente en eso: presentarse como defensores del patrimonio público después de haber sido señalados por presuntos quebrantos; exigir estudios después de haber encabezado administraciones cuestionadas por la falta de comprobación de recursos; y denunciar riesgos futuros mientras se guarda silencio sobre irregularidades del pasado.
Micalco y Rivera tienen derecho a cuestionar el Cablebús.
Lo que no poseen automáticamente es autoridad moral para convertir sus señalamientos en una sentencia anticipada contra una obra que cuenta con proyecciones técnicas y beneficios sociales cuantificables.
En el fondo, el verdadero temor no parece ser que el Cablebús fracase, sino que funcione. Que reduzca tiempos de traslado, conecte zonas marginadas y sea reconocido como una obra exitosa.
Porque, si eso sucede, Alejandro Armenta habrá construido no solamente un sistema de transporte, sino un legado político que sus adversarios difícilmente podrán desmontar rumbo a 2027 y 2030.
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