Durante años, la semana laboral de cuatro días fue tratada como una curiosidad escandinava, un experimento de nicho sin aplicación real fuera de algunas empresas tecnológicas. En 2026, el debate cambió de escala: gobiernos de Reino Unido, España, Islandia, Nueva Zelanda, Brasil y varios países de América Latina discuten activamente su implementación, respaldados por una cantidad creciente de evidencia empírica que, hasta ahora, resulta sorprendentemente favorable a la medida.
El caso más documentado sigue siendo Islandia, donde entre 2015 y 2019 se ejecutaron pruebas a gran escala con 2,500 trabajadores del sector público, reduciendo la jornada de 40 a entre 35 y 36 horas semanales. Evaluaciones académicas citadas por organismos como la OCDE concluyeron que la productividad se mantuvo o mejoró en la mayoría de los sectores evaluados, mientras que indicadores de bienestar como el estrés y el equilibrio entre vida personal y laboral registraron avances significativos. El piloto británico, coordinado por la organización 4 Day Week Global con más de 60 empresas, arrojó resultados todavía más marcados: 92% de las empresas participantes decidió mantener el nuevo formato tras el cierre del programa, con una reducción del 71% en el agotamiento del personal y del 65% en las bajas por enfermedad.
El debate, sin embargo, no es homogéneo: especialistas distinguen entre la semana "reducida" (menos horas totales, mismo salario) y la semana "comprimida" (las mismas horas repartidas en menos días), dos modelos con implicaciones muy distintas para los trabajadores. La experiencia de Telefónica en España, donde el piloto contemplaba una reducción salarial proporcional a la de horas, tuvo una acogida limitada entre el personal, lo que sugiere que mantener el poder adquisitivo es determinante para que la medida resulte atractiva más allá del discurso de bienestar. El lema que popularizó la organización 4 Day Week Global resume la aspiración del modelo: "100% del salario, 80% del tiempo, 100% de la productividad".
En América Latina, el debate avanza con matices propios: Chile inició una reducción gradual hacia las 40 horas semanales, México discute reformas a su Ley Federal del Trabajo con el mismo objetivo, y Colombia avanza hacia una jornada de 42 horas que entrará en vigor en julio de 2026, todavía lejos del modelo de cuatro días pleno. Especialistas en gestión de personas advierten que replicar mecánicamente lo que funcionó en una operación pequeña de Europa del Norte no garantiza el mismo resultado en compañías más grandes o en contextos económicos distintos, y recomiendan que las empresas usen el próximo año para medir productividad real y rediseñar procesos de trabajo, más que para adoptar el modelo de forma apresurada. Lo que hasta hace pocos años era una bandera exclusiva de sindicatos y activistas del bienestar laboral se ha convertido, en 2026, en un tema de agenda económica seria, con gobiernos de al menos tres continentes debatiendo su regulación.
Fuentes: Factorial, Invertix, UAI Notícias, Latin Human Capital, Ikelma.
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