La gestación subrogada, o "vientres de alquiler", reúne a quienes la ven como un derecho a formar una familia y a quienes la consideran una explotación. Según un texto de opinión del profesor de filosofía Miguel Pastorino en Diálogo Político, existen dos modalidades: la altruista, sin pago, normalmente entre familiares o amigos, y la comercial, en que la gestante recibe un pago. Es una fuente de opinión, escrita desde una posición contraria a la práctica, y con pocas estadísticas.
Quienes defienden regularla, según ese mismo texto, sostienen que las personas pueden pactar libremente, que la práctica ya existe y que sin regulación solo acceden quienes pueden pagarla. Quienes se oponen alegan que el niño se convierte en objeto de un contrato comercial, que los contratos controlan la dieta, la salud y la vida sexual de la gestante, y que la dignidad humana impide alquilar un cuerpo. El movimiento español No Somos Vasijas, según otro artículo, de El Salto, pide prohibirla a escala internacional y sostiene que el altruismo es un pretexto. En cambio, la activista Justa Montero cuestiona que la prohibición proteja a las gestantes y sugiere que descartar sus decisiones implica que solo las mujeres acomodadas deciden con legitimidad.
La política corre por carriles distintos. El Salto, en un texto que menciona un proyecto de 2017 de Ciudadanos y que por ello parece de ese periodo, reporta que el Comité de Bioética español concluyó que la mayoría de sus miembros considera que cualquier contrato es una forma de explotación, con un voto particular. En España, la ley de 2006 prohíbe la práctica, pero una instrucción de 2010 permite inscribir la filiación dictada por un tribunal extranjero; quienes la defienden citan unos 800 bebés al año. El mismo artículo da costos: entre 20.000 y 30.000 euros en India antes de que prohibiera la práctica a extranjeros en 2015, unos 40.000 en Ucrania y cerca de 120.000 en California.
Una nota de EFE publicada por Swissinfo en marzo de 2023 muestra cómo varía el mapa en América. Según ella, Argentina, Bolivia y Costa Rica no la permiten ni la prohíben; Brasil, México, Cuba y Puerto Rico la permiten con límites; Uruguay anula los contratos; y Colombia, Perú, Ecuador y República Dominicana están en un limbo jurídico. En Estados Unidos, más de 40 estados la permiten, y Nueva York la admitió con pago ese año. En México, la Suprema Corte avaló la práctica en junio de 2021, con o sin pago, pero solo dos de 32 entidades la regulaban, y faltaba un reglamento sanitario.
La nota de EFE recuerda además el caso de la presentadora española Ana Obregón, madre por gestación subrogada en Florida a los 68 años, que abrió un debate político en España. Y el artículo de El Salto aporta un dato que cuestiona el modelo altruista: según la activista Ianire de la Calva, en países con regulación altruista, como Canadá y Reino Unido, la mayoría de los solicitantes acaba recurriendo a gestantes en el extranjero, 252 de 271 casos registrados. Es una cifra atribuida a una de las partes del debate, que no pudo contrastarse.
Hay puntos de acuerdo, a pesar del desacuerdo: según El Salto, tanto defensores como críticos suelen coincidir en que la paternidad es un deseo y no un derecho, que las agencias tienen intereses económicos claros y que la práctica opera en un marco neoliberal. Los datos de las fuentes son de 2017 y 2023, y el panorama legal pudo haber cambiado; conviene verificar la normativa vigente antes de tomar una decisión. Como discusión, lo que queda abierto no son los hechos sino el peso relativo que cada quien da a la autonomía de la gestante, el interés del niño y la desigualdad entre quien paga y quien gesta.
**Fuentes:** Diálogo Político (Vientres de alquiler: bioética y política, Miguel Pastorino, texto de opinión); El Salto (Gestación subrogada: una pregunta sobre los límites, texto aparentemente de 2017-2018); Swissinfo / EFE (Con ambigüedad legal se abre paso en América regular vientres de alquiler, 31 de marzo de 2023).
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