Mario Riestra, actual postulante a la presidencia municipal, se encuentra bajo el escrutinio de una investigación que se inició en 2021, acusado de presunta complicidad en el desvío de la abrumadora suma de 102 millones de pesos durante su mandato como secretario general del ayuntamiento. La Auditoría Superior del Estado destapó un entramado de operaciones simuladas a través de facturaciones, y la Fiscalía General del Estado se ha embarcado en desentrañar las complejidades de estas acusaciones.
La carpeta de investigación, que debería haber avanzado sin tregua, se vio temporalmente interrumpida debido a la inesperada implicación del Auditor Francisco Romero Serrano. Este último, custodiado entre rejas, fue señalado por filtrar información confidencial relacionada con la investigación. Un giro inesperado que, lejos de aclarar el panorama, sumió el caso en una nebulosa de incertidumbre.
A pesar de las incriminatorias acusaciones, Riestra ha emergido como el virtual candidato de la coalición PRI, PAN, PRD para la alcaldía de Puebla. Esta elección ha encendido las alarmas en el sector público, generando una creciente inquietud ante la posibilidad de que un individuo bajo investigación por presunta corrupción ocupe un cargo de tal relevancia.
La investigación sobre el candidato ha permanecido estancada, atrapada en las asfixiantes redes de circunstancias políticas que parecen desviar la atención de un acto de corrupción a otro. Mientras tanto, Francisco Romero Serrano, el exauditor ahora tras las rejas, no solo enfrenta cargos por su involucramiento en el caso Riestra, sino también por supuestos cobros de comisiones vinculados a contratos de auditoría externa.
La solidez de la investigación en torno a Riestra contrasta de manera aguda con la respuesta del propio candidato, quien parece mantenerse imperturbable frente a las evidencias presentadas ante la Fiscalía. Un episodio que subraya la urgente necesidad de un escrutinio minucioso en el ámbito político, donde las sombras de la corrupción amenazan con oscurecer la integridad de la administración pública.
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