La Fiscalía General de la República, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y otras dependencias del gobierno federal, ha iniciado un proceso de investigación dirigido a desarticular posibles redes delictivas que operan bajo el amparo de organizaciones religiosas. En el centro del operativo se encuentran La Luz del Mundo y los Testigos de Jehová, grupos señalados por su opacidad administrativa y la existencia de denuncias por abusos cometidos por sus líderes o bajo su autorización implícita.
El caso de La Luz del Mundo ha adquirido notoriedad internacional desde 2022, cuando su líder, Naasón Joaquín García, fue condenado en Estados Unidos por abuso sexual infantil. La situación se agravó en octubre de 2023, con la apertura de nuevos procesos por delitos federales relacionados con pornografía infantil. A partir de estos hechos, las autoridades mexicanas han identificado una red de colaboradores en territorio nacional que habrían encubierto operaciones financieras ilegales, utilizando fundaciones y asociaciones civiles para canalizar recursos millonarios.
Por otro lado, los Testigos de Jehová, aunque sin líderes formalmente imputados en México, se encuentran bajo revisión debido a patrones de conducta detectados internacionalmente. En naciones como Australia, Canadá y el Reino Unido, informes oficiales han documentado cómo los líderes del grupo manipulan denuncias internas, protegen a agresores y ejercen control emocional sobre víctimas. México busca ahora determinar si se han replicado estas conductas en sedes nacionales.
Los mecanismos de financiamiento de ambas organizaciones también son motivo de preocupación. Se sospecha del uso de donaciones religiosas para fines ajenos a los permitidos por la ley, así como la omisión sistemática de reportes fiscales. La UIF ya ha comenzado el rastreo de flujos bancarios que vinculan a estas iglesias con empresas fachada, transferencias internacionales no justificadas y presunto lavado de activos.
El gobierno ha reiterado que no se trata de una persecución religiosa, sino de una respuesta firme ante estructuras que podrían estar utilizando la fe como pretexto para ocultar delitos. Las consecuencias legales podrían ser severas: incautación de bienes, congelamiento de cuentas y procesos penales para dirigentes y cómplices.
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