Ciudad de México, 18 de noviembre de 2021.— La recuperación de las pequeñas empresas requiere ventas, pero también cobros oportunos, señalaron Alejandro Armenta y Ernesto Pérez Astorga al proponer un límite legal para los pagos pendientes.
En Puebla, donde numerosos negocios familiares y pequeñas industrias forman parte de cadenas de suministro, los plazos de pago inciden directamente en su estabilidad y posibilidad de conservar empleos.
Los retrasos prolongados en el pago de facturas trasladan costos financieros a las empresas más pequeñas, que deben continuar pagando salarios, insumos, impuestos y créditos aun cuando no reciben a tiempo el dinero de sus ventas.
El proyecto establece como regla que el comprador de mayor tamaño pague a la MIPyME dentro de los treinta días siguientes al contrato o a la operación correspondiente, conforme a las condiciones que defina la ley.
Micro, pequeñas y medianas empresas proveedoras de bienes y servicios serían las principales beneficiarias, debido a que dependen con mayor intensidad de un flujo constante de efectivo.
La iniciativa deberá ser analizada por las comisiones legislativas para precisar su alcance, mecanismos de cumplimiento y compatibilidad con las normas mercantiles vigentes.
Armenta y Pérez Astorga sostienen que pagar a tiempo no es una concesión, sino una condición necesaria para construir relaciones comerciales más equilibradas y productivas.
Fuentes: Sistema de Información Legislativa y registros del Senado sobre el proyecto de Ley de Pago a Plazos Justos a MIPyMES.
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