Aunque Luis Alberto y Juan Carlos Díaz Villar, junto con su madre, María Celia Villar, han intentado escabullirse cambiando de domicilio y rompiendo lazos con antiguos conocidos, lo cierto es que el cerco legal ya está cerrado. La Fiscalía General del Estado de Puebla trabaja en la integración de pruebas que dejan claro que lo suyo no fue un error ni una deuda entre amigos, sino un fraude estructurado y sostenido en documentos falsos, pagarés huecos y cheques que nunca tuvieron fondos.
Por Eduardo Estrada
Las víctimas no se preguntan ya si serán castigados, sino cuándo estarán vinculados a proceso.
El método del llanto y las falsas garantías
El patrón se repite en cada testimonio. Préstamos que arrancaban en 150 mil pesos con la promesa de ser devueltos en semanas tras la venta de una bodega heredada, que rápidamente se inflaban a 600 mil y, en algunos casos, superaban el millón de pesos. Como garantía, ofrecían vehículos de lujo, casas y naves industriales que nunca fueron suyos. Un Versa 2001, una Tiguan 2020 y una Audi Q3 2022 figuran entre las supuestas propiedades que presentaron como respaldo, con facturas que, al revisarse, resultaron ser inexistentes.
La actuación de la madre era la pieza clave del engaño. Irrumpía en llanto frente a las víctimas, hablaba de supuestas enfermedades y con esa carga emocional convencía a conocidos de más de veinte años de amistad para entregarles más dinero. El “método del llanto”, como lo han bautizado las víctimas, fue la presión psicológica que les permitió extender el fraude hasta límites impensables.
El Código Penal les pisa los talones
En el terreno jurídico, no hay margen para la ambigüedad. Las conductas de los Díaz Villar encajan en tres frentes del Código Penal de Puebla. Se trata de fraude, porque engañaron para obtener un lucro indebido; de falsificación, porque usaron documentos inventados para darle forma a las garantías; y de abuso de confianza, porque se valieron de la relación cercana con las víctimas para disponer del dinero. Tres delitos graves que, sumados, arrastran consecuencias que van de la prisión prolongada a la obligación de reparar el daño patrimonial.
No se trata de tecnicismos. Se trata de delitos con nombre, artículos y sanciones que ya perfilan un destino inmediato para los acusados. La Fiscalía cuenta con pagarés firmados sin respaldo, cheques devueltos y testimonios coincidentes que configuran un expediente sólido y listo para llegar a tribunales.
Una traición que hiere más que el dinero
Las víctimas lo resumen con claridad: el golpe más doloroso no está en las cantidades perdidas, sino en la traición de más de dos décadas de amistad. Empresarios, familias y conocidos del fraccionamiento Club de Golf Las Fuentes nunca imaginaron que quienes compartían con ellos espacios sociales y académicos terminarían por arrebatarles su patrimonio bajo una estrategia de engaño y manipulación.
“Lo que hicieron no fue un error, fue un plan para robarnos con premeditación”, dijo una de las víctimas que ya participa en la denuncia conjunta.
A un paso de la justicia
Tres familias han dado el paso firme hacia una denuncia colectiva, lo que permitirá demostrar que no se trató de un hecho aislado, sino de un fraude sistemático. Otras, que al inicio buscaron recuperar el dinero por la vía directa, han entendido que solo la justicia podrá obligarlos a responder.
La Fiscalía, mientras tanto, no quita el dedo del renglón. Testimonios, documentos falsificados, cheques sin fondo y la coincidencia en el modus operandi forman parte de un expediente que, en cuestión de semanas, podría derivar en la vinculación a proceso.
Hoy, los Díaz Villar siguen apelando a la burla y a la negación. Pero lo cierto es que el tiempo ya no juega a su favor. Las pruebas están sobre la mesa, las víctimas no piensan dar marcha atrás y la autoridad tiene todo para ir por ellos. Y cuando eso ocurra, su historia dejará de ser un secreto en el círculo social donde se movían para convertirse en un ejemplo público de cómo la confianza mal utilizada también se paga con cárcel.
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